Muchos trabajadores agrícolas de California temen un invierno de hambre y falta de vivienda en medio de la pandemia
Después de que los incendios y el coronavirus redujeron los salarios de muchos trabajadores agrícolas del Valle Central, la desaceleración del invierno significa que las familias no pueden pagar sus necesidades.
En un año sin pandemias, incendios y calor extremo, José Luis Hernández ya habría ahorrado suficiente dinero recolectando frutas de verano en los campos de California para pasar los lentos meses de invierno que se avecinan.
Este año, está en deuda con un amigo y no sabe cómo proporcionará alimento y refugio a su esposa y sus tres hijos mientras se cosechan las últimas uvas de las viñas.
“No he ahorrado nada”, dijo, sentado en el pasillo de un viejo edificio de cinco pisos en el sur de Stockton, uno de los barrios más pobres de esta ciudad del valle de San Joaquín, donde paga 675 dólares al mes por un apartamento con grifos que a veces arrojan agua negra.
“Tienes un dilema, pagar la luz o que tu refrigerador esté vacío”, dijo. “Estoy preocupado”.
Hernández, dijo que los agricultores y defensores, son otro aspecto más en una crisis inminente que enfrentan los trabajadores agrícolas del estado que están aquí ilegalmente. Aunque han sido declarados esenciales para la industria agrícola multimillonaria del estado, a menudo no califican para redes de seguridad como el desempleo, las moratorias de desalojo o la ayuda de estímulo que se han convertido en un salvavidas para muchos mientras capean un año devastador de desastres.
Familiarizados con la naturaleza estacional del trabajo agrícola, la mayoría de los trabajadores del campo conservan los ingresos de los meses anteriores para planificar la estación fría, cuando se necesitan menos personas para tareas como la poda. Pero este año, no ha habido suficiente trabajo y muchos temen un invierno de escasez.
El coronavirus ya ha enfermado a muchos trabajadores agrícolas y ha enviado a otros a casa en cuarentena, a menudo sin paga a pesar de las nuevas reglas que lo ofrecen.
Las escuelas cerraron, lo que dejó a muchas familias luchando por cubrir los costos inesperados del cuidado de los niños, o forzó a algunas a dejar sus trabajos para estar en casa con los niños pequeños.
Los incendios en Napa y Sonoma, a donde muchos trabajadores de San Joaquín, incluido Hernández, se desplazan, dejaron a los trabajadores apresurándose para salvar lo que pudieran de las cosechas bajo un cielo anaranjado. Pero allí también, el trabajo se vio interrumpido por el clima y el peligro.
Los funcionarios estatales de salud han publicado nuevas directrices para la socialización que prohíben las reuniones entre más de tres hogares.
Los efectos de la pandemia y los incendios forestales se agravaron con meses de calor sin precedentes que elevó las facturas de electricidad a medida que los aires acondicionados de ventana se esforzaban por mantener a raya las temperaturas de tres dígitos y dejaban los campos inseguros durante las horas más calurosas de la tarde.
Ahora, con pocas protecciones y mínima ayuda del gobierno, muchos temen que lo peor esté por venir.
“No se ve bien para las familias aquí en el valle”, dijo Elvira Ramírez, directora ejecutiva de Caridades Católicas de la Diócesis de Stockton. “Estas familias van a tener un gran problema”.
Un análisis del Times encontró que el Valle de San Joaquín sigue estando muy afectado por el coronavirus, incluso cuando en otras partes del estado ven caer los niveles de riesgo, y los latinos tienen más de tres veces mayor probabilidad de dar positivo en la prueba del virus que sus homólogos blancos. En todo el estado, aproximadamente el 61% de los casos y el 49% de las muertes ocurren entre latinos, aunque representan aproximadamente el 39% de la población del estado.
Los trabajadores latinos esenciales que viven aquí ilegalmente también continúan siendo algunos de los más afectados económicamente.
Casi el 80% de los trabajadores de California indocumentados tienen trabajos considerados esenciales, según un estudio de UCLA publicado a principios de este año, y alrededor del 50% de los trabajadores agrícolas carecen de estatus legal. En promedio, esos trabajadores perdieron el 25% de sus salarios entre febrero y abril, más que cualquier otro grupo demográfico de empleados. Poco ha mejorado durante el verano, según entrevistas con trabajadores y defensores, incluso cuando algunas comunidades comienzan a reabrirse.
Hasta ahora, la crisis que enfrentan los trabajadores agrícolas aún no ha provocado una caída en la producción agrícola. Aunque algunos sectores, incluidos el vino y los lácteos, han acumulado pérdidas, la producción de frutas y verduras en California está a la par con las cantidades del año pasado, según una encuesta de datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Ese rendimiento, dijeron algunos expertos, debería traducirse en la misma cantidad de empleo para los trabajadores, aunque en los últimos años, los empleadores han recurrido a más titulares de visas temporales y a la mecanización, ambas tendencias aceleradas por el coronavirus.
“La expectativa al principio era escasez de mano de obra, escasez de mano de obra, escasez de mano de obra, eso no sucedió”, dijo Philip Martin, profesor emérito de Economía Agrícola y de Recursos en UC Davis y autor de la encuesta. “No es como si hubiera mucho menos trabajo por hacer. Los melocotoneros ya están plantados y los van a cosechar o no”.
Pero para los que están en el campo en San Joaquín, las estadísticas no coinciden con su experiencia.
El reverendo Nelson Rabell-González, líder regional de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, ha recaudado y distribuido más de $800.000 en efectivo directo en el Valle de San Joaquín desde que comenzó la pandemia, dando cheques a cientos de familias de hasta $1.500. El dinero generalmente no cubre ni siquiera un mes de gastos, dijo, y tomarlo a menudo significa que las familias se descalifican para algunas de las escasas otras opciones de ayuda. Sin embargo, recibe llamadas todos los días de trabajadores cada vez más desesperados porque no pueden pagar sus necesidades básicas, expuso.
Ha repartido alrededor de 770 cheques hasta ahora, pero es “la misma historia una y otra vez: comida, alquiler, facturas”.
Amalia Ortiz Santana, una trabajadora agrícola que actualmente labora en campos de camote, recitó esa lista en español - comida, la renta, las facturas - cuando se le preguntó cuáles son sus preocupaciones para el invierno.
“No hay ayuda adicional”, dijo.
Santana está trabajando actualmente cerca de la ciudad de Livingston en el condado de Merced, donde cientos de trabajadores de una planta procesadora de carne de Foster Farms contrajeron el coronavirus y los funcionarios de salud del condado dijeron que nueve murieron. Santana se ausentó de su empleo durante cuatro semanas porque pensó que tenía el virus a principios de este verano, y ahora “debe mucho dinero”, reveló mientras esperaba frente a una destartalada iglesia con campanario blanco donde estaba Rabell-González repartiendo cheques.
La siguiente en la fila detrás de Santana era Janette Jiménez y su hija Janely, de 5 años. Jiménez estaba limpiando casas, pero ahora se queda en su hogar para cuidar a sus cuatro hijos. Su esposo dio positivo por el virus no hace mucho, junto con dos de los niños, aunque ella ha seguido dando negativo. A pesar de que su marido se ha recuperado, “se nota diferente. Siente que no es el mismo”, dijo. Están atrasados con el alquiler y la factura de la luz, y han ido semanalmente a un banco de alimentos.
Este invierno “va a ser aún peor”, manifestó.
René López, un recolector de uvas, llegó poco después. Su primo fue hospitalizado con COVID-19 y López sabe que la enfermedad “no es un juego”. Dijo que ha perdido aproximadamente la mitad de sus horas habituales este año y no ha podido seguir enviando dinero a casa para mantener a sus padres en México. Le prestó algo de dinero a su primo, pero le gustaría poder hacer más, comentó. Lleva dos meses de retraso en su alquiler de $1.000 y su familia se ha visto obligada a reducir la cantidad de alimentos que compran.
En todo EE.UU, los programas de “hospital en casa” crecen a medida que avanza la pandemia
En abril, el gobernador Gavin Newsom asignó $75 millones en fondos estatales para entregar hasta $1.000 a 150.000 familias inmigrantes indocumentadas. Esa ayuda se agotó en gran medida en julio. Recientemente, Newsom firmó un paquete de proyectos de ley para brindar más ayuda a los trabajadores agrícolas, incluida la educación, el acceso a tiempo libre remunerado y compensación laboral, además de alojamiento en cuarentena en hoteles para trabajadores expuestos. Pero la reciente ronda de proyectos de ley no incluyó más ayuda financiera directa, y con la Legislatura en gran parte terminada durante el año y un déficit presupuestario que obliga a recortes, es poco probable que haya más dinero estatal.
El asambleísta de California, Robert Rivas (D-Hollister), nieto de un trabajador agrícola y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, dijo que el estado “lamentablemente no financió” su respuesta para los trabajadores en el país que son indocumentados.
“Simplemente no fue suficiente”, subrayó. “Necesitamos hacerlo mejor”.
Rivas y otros han estado presionando a Newsom para crear un sistema de pagos regulares durante la pandemia para los trabajadores que viven aquí ilegalmente, aumentar el acceso a Medi-Cal y ofrecer a las familias sin estatus legal acceso al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para familias de bajos ingresos. Muchos trabajadores pagan impuestos ilegalmente a pesar de su estatus migratorio, señaló.
Sin esos elementos de la “red básica de seguridad social”, enfatizó Rivas, “las cosas se pondrán mucho, mucho peor”.
Ramírez, de Catholic Charities, dijo que el estado debe ser más flexible con los pagos en efectivo para llegar a los trabajadores sin estatus legal. A menudo temen a las autoridades y a la deportación, y funcionan en una economía gris sin arrendamientos, cuentas bancarias y otras vías oficiales que ofrecen a los ciudadanos estabilidad y protección, expuso.
Cuando su organización recibió por primera vez dinero estatal para los trabajadores, pidió a los destinatarios que proporcionaran los contactos de sus propietarios para enviarles el dinero directamente a ellos. Pero algunos se resistieron, temerosos de enojar a los dueños que alquilan por debajo de la mesa, sacudiendo su situación ya frágil. Lo mismo podía decirse de las habitaciones de hotel gratuitas: descubrió que la desconfianza de los trabajadores era una barrera.
“Existe la complejidad del estatus migratorio mixto”, dijo. “La pandemia ha destapado muchos de los problemas que ya estaban allí”.
Los trabajadores agrícolas también corren el peligro de ver caer sus sueldos el próximo año. El Departamento de Agricultura de EE.UU anunció recientemente que, por primera vez en décadas, no realizará una encuesta de salarios de otoño para los trabajadores agrícolas, una métrica utilizada para establecer los sueldos para el próximo año para los titulares de visas de migrantes. El cambio podría significar que algunos agricultores verían caer su salario por hora al mínimo estatal. En California, eso podría significar una pérdida de entre 77 centavos y 1.77 dólares la hora para algunos de esos trabajadores.
La semana pasada, United Farm Workers demandó al USDA en un tribunal federal en Fresno, con la esperanza de obligar al gobierno a realizar la encuesta.
Diana Tellefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación UFW, calificó la decisión federal como “una bofetada a los trabajadores agrícolas” para quienes “cada centavo hace la diferencia”.
Para Hernández, el padre de tres hijos de Stockton que ha trabajado en el campo desde que tenía 17 años, hacerse cargo de las cuentas es un motivo de orgullo. Quiere dar un buen ejemplo a sus hijos, dijo, y enseñarles que “es importante pagar el alquiler durante la pandemia”.
Simplemente no sabe cómo lo hará.
Ha sido rechazado de las agencias de ayuda sin explicación, dijo. Cuando el humo de los incendios forestales canceló una fiesta de fin de cosecha en su último trabajo, preguntó si los trabajadores podían recibir el dinero del evento como bonificación. No recibió respuesta, solo una gorra de béisbol azul que celebraba el 50 aniversario del viñedo.
“Hay demasiados obstáculos”, enfatizó, mientras una vela ardía en un altar tras la puerta de su casa. “Mi familia, la familia Hernández, no está recibiendo ayuda”.
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