J. Lee se despertó a principios de junio en un centro de detención de inmigrantes cuando se encontró con que uno de sus compañeros de celda estaba deslizando una mano por sus pantalones.
Lee, de 38 años, originario de Corea del Sur, se quedó más tiempo del permitido cuando su visa de turista expiró y ahora estaba encerrado en una celda 22 horas al día junto a dos extraños - uno de los cuales había sido condenado por ordenar el asesinato de una familia de 10 personas en Belice. El otro compañero de celda le dijo que el beliceño le había dicho que tocaba a Lee mientras dormía.
Esta vez Lee lo sintió.
Trató de reportar el incidente, pero el 911 está deshabilitado en los teléfonos accesibles a los detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, donde estaba detenido, según el Servicio de Inmigración y Aduanas. Dijo que el personal le indicó que reportarían el incidente, pero no le dieron ninguna actualización. Desesperado, pidió a un abogado que estaba investigando asuntos relacionados con el coronavirus en el centro, que informara estos incidentes al Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, el cual envió a un agente a entrevistar a los tres detenidos.
Después, relató Lee, comenzó a tener ataques de pánico. Le escribió a un agente del ICE y le preguntó “¿cómo puedo hacer para salir de esta pesadilla?”
Los detalles del incidente se describen en un informe policial. Lee confirmó los detalles del incidente en entrevistas con el Times, registros de salud y documentos de la corte federal. El Times generalmente no nombra completamente a las víctimas de abuso sexual, excepto cuando se ofrecen voluntariamente a ser identificadas públicamente.
El testigo de Lee fue deportado el 22 de junio. Una semana más tarde, la Oficina del Fiscal de Distrito decidió no procesarlo, citando la falta de pruebas.
Una investigación del Times encontró que desde 2017, al menos 265 llamadas hechas a la policía a través del 911 y otras líneas que no son de emergencia, han reportado violencia y abuso dentro de los cuatro centros de detención federales privados de California supervisados por el ICE. La mitad de las llamadas alegaron crímenes sexuales, incluyendo violación, asalto sexual y abuso contra los detenidos. El resto fueron para reportar asaltos, agresiones y otras amenazas de violencia contra los detenidos y el personal.
Solo en tres casos en los que los detenidos dijeron haber sido víctimas, los registros mostraron que un sospechoso fue acusado, según el Times, y en dos de ellos, los sospechosos fueron deportados antes de que pudieran ser arrestados. Está pendiente un caso en el que hay dos víctimas, un miembro del personal y un detenido.
Es más probable que los fiscales se ocupen de los casos en los que las víctimas trabajaban en el centro. De las 41 llamadas en que se denunciaron ataques a miembros del personal, se presentaron cargos en 12 casos.
A diferencia de las prisiones y cárceles, las personas detenidas por ICE no están cumpliendo condena por delitos – son retenidas mientras los jueces de inmigración deciden si deben ser deportadas. Muchos son solicitantes de asilo, y la mayoría no tienen antecedentes penales. El gobierno federal no se hace responsable de su seguridad.
J. Lee recounts being sexually assaulted by another detainee at the Adelanto ICE Processing Center on June 3. Lee said facility staff told him they would report the incident but gave him no updates.
Durante años, defensores y detenidos se han quejado de la violencia descontrolada en esos centros de detención.
El Times examinó cientos de páginas de registros públicos, incluyendo informes de investigación federales, llamadas al 911 y documentos de la corte, y entrevistó a funcionarios federales y locales, así como a representantes de los centros de detención y a los detenidos.
Lo que surgió es una imagen de un sistema en el que la violencia se ha perpetuado con impunidad, tanto por otros detenidos como por el personal de las instalaciones. A los detenidos se les prohibió llamar al 911, según ICE, y se les obligó a depender de otros para informar de las acusaciones en su nombre.
Algunos centros de detención privados negociaron acuerdos con las agencias de la ley que dictaban a qué denuncias de crímenes responderían. Cuando la policía intervino, en algunos casos se les desalentó a investigar, se les impidió hablar con los detenidos que habían alegado abusos y se les instruyó que no siguieran adelante con casos que decían que tenían méritos para ser investigados, según los informes policiales.
El ICE rechazó una solicitud de entrevista sobre las conclusiones del Times, pero proporcionó respuestas por escrito a ciertas preguntas.
“El ICE está comprometido con una cultura que promueve la seguridad y tiene tolerancia cero con los abusos de cualquier tipo”, dijo la portavoz Paige Hughes en una declaración. “El ICE está comprometido con la transparencia, la colaboración y la resolución de todas las preocupaciones, quejas y alegatos hechos por los individuos en custodia de ICE”.
Los representantes de las empresas que operan las instalaciones de ICE en California dijeron que siempre se ponen en contacto con las fuerzas del orden para investigar posibles acusaciones criminales y también para llevar a cabo sus propias investigaciones administrativas.
En el caso de Lee, su presunto abusador fue trasladado a una celda diferente. El estrés causó que Lee perdiera 35 libras y no podía dormir. Le escribió a un psiquiatra, suplicando, “No quiero morir aquí”.
En las últimas cuatro décadas, la nación ha construido una red de instalaciones para albergar a decenas de miles de personas mientras se deciden sus casos de inmigración. La gran mayoría son propiedad o son administradas por corporaciones con fines de lucro.
En California, cuatro instalaciones tienen capacidad para albergar a más de 4.000 personas: el Centro de Detención de Mesa de Otay, operado por CoreCivic; los centros de procesamiento de ICE de Adelanto y Mesa Verde, operados por GEO Group; y el Centro Regional de Detención Imperial, operado por Management and Training Corp.
Estos centros deben cumplir con los estándares de cuidado y seguridad establecidos por ICE. Sus operaciones diarias recaen en las empresas, cuyo personal no son oficiales de la ley y no tienen la autoridad para llevar a cabo investigaciones criminales. Aunque los agentes de ICE están en el lugar para manejar los asuntos de inmigración, tampoco tienen la autoridad para investigar criminalmente las acusaciones de abuso, dijeron los funcionarios de la agencia al Times.
ICE exige a los centros de detención que notifiquen a las autoridades locales sobre cualquier posible delito. La decisión de procesar las violaciones de la ley estatal es “la única responsabilidad de la agencia local de aplicación de la ley”, dijo la portavoz de ICE Britney Walker.
Las empresas han sido demandadas repetidamente por acusaciones de violencia y son objeto de numerosos informes federales por no haber mantenido a los detenidos a salvo.
Preocupados por las condiciones en las prisiones y centros de detención privados del estado, los líderes de California prohibieron nuevos contratos después del 1 de enero de este año y ordenaron el cierre de las instalaciones existentes para el 2028. En septiembre, el gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley de la Asamblea 3228, que requiere que las empresas privadas de prisiones se adhieran a las normas de detención de ICE y permite a la gente demandar a las empresas por violaciones.
Sin embargo, algunos acuerdos entre instalaciones con fines de lucro y gobiernos locales han impedido la investigación de las denuncias de abusos a detenidos, dijeron las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
A finales de 2018, Abel López Serrano estaba detenido en el Centro de Detención de Adelanto cuando un agente de deportación le dijo que volviera a El Salvador y le amenazó con “joderlo” después de que se negara a firmar los papeles, reveló en una entrevista.
El agente llevó a López a una habitación fuera de la vista de las cámaras, según un informe de investigación de 83 páginas del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. López, de 43 años, dijo que el agente lo golpeó contra una pared de hormigón.
Al día siguiente, la prometida de López lo visitó y vio su ojo derecho hinchado y con moretones, relató en una entrevista. Ella llamó al 911.
Un agente del sheriff del condado de San Bernardino respondió, pero un miembro del personal de la instalación le prohibió la entrada, diciendo que el caso se estaba investigando a nivel federal, según un informe del incidente policial y los registros federales.
El Departamento del Sheriff le dijo al Times que la práctica normal es que el Departamento de Seguridad Nacional investigue a los empleados federales acusados de cometer actos ilícitos.
Sin embargo, ICE le informó a The Times que la policía local “tiene jurisdicción y puede abrir una investigación criminal”.
El Departamento del Sheriff también dijo a The Times que ha seguido un acuerdo entre la ciudad de Adelanto y GEO Group que detalla los tipos de llamadas a las que los agentes del sheriff “deben” responder, incluyendo “delitos violentos, como homicidio o asaltos al personal y asaltos sexuales”. Cualquier delito que no figure en la lista, según señaló el Departamento del Sheriff a The Times, es investigado por el FBI o ICE.
Bajo el acuerdo de Adelanto, GEO Group pagaba a la ciudad $174.866 al año para que un agente del sheriff respondiera a las llamadas procedentes de esas instalaciones.
Los representantes del sheriff citaron inicialmente el acuerdo como una razón por la que no investigaron una denuncia de 2017 en la que el personal de detención agredió a un detenido y un caso en 2018 en el que un grupo de detenidos presuntamente agredió a otro detenido.
La portavoz del Departamento del Sheriff, Cindy Bachman, dijo más adelante que el acuerdo se utiliza como “directriz”. Aseguró que no sabía que había expirado en 2016.
Los agentes “investigaron cada caso a fondo”, manifestó Bachman.
La instalación de Mesa Verde, también gestionada por el Grupo GEO, tiene un acuerdo que la policía dijo que limitaba su papel a la investigación de “conductas delictivas graves”, como el homicidio y la agresión sexual.
Grace Meng, una abogada que investiga las condiciones de detención para Human Rights Watch, expresó que encuentra los acuerdos inquietantes.
“Parece que ICE, los funcionarios de prisiones y los organismos locales de aplicación de la ley están tratando de pasarse la pelota, y las víctimas de los delitos quedan en medio”, destacó.
El portavoz del Grupo GEO, Pablo Páez, envió una declaración respondiendo a más de una docena de preguntas de The Times: “Asumimos nuestra responsabilidad de asegurar la salud y la seguridad de todos los que están a nuestro cuidado y de nuestros empleados con la mayor seriedad, y nos comprometemos a trabajar con todas las agencias de aplicación de la ley pertinentes, según corresponda”. Se negó a comentar el caso López.
Hughes, la portavoz de ICE, dijo que los acuerdos no están “hechos para obstaculizar o prohibir investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades”.
La investigación del caso de López fue dejada al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Mientras estaba en marcha, López fue deportado. Los investigadores determinaron que se había producido un enfrentamiento entre López y el agente, pero señalaron que no encontraron “ninguna prueba concluyente” que apoyara la acusación de asalto. La oficina del Fiscal General de Estados Unidos dijo que no iba a procesar el caso y autorizó a los investigadores a interrogar al agente, impidiendo al mismo tiempo que sus respuestas se utilizaran en su contra en un proceso penal.
Según el informe, cuando los investigadores federales preguntaron al agente si él causó el ojo morado de López, el agente respondió: “Lo puse contra la pared, eso es todo lo que hice”. Los investigadores preguntaron si esa acción causó el ojo morado.
La respuesta del agente: “Todo es posible”.
En Otay Mesa, un acuerdo establece las reglas de cómo se investigan las acusaciones de abuso sexual.
Aunque la ley federal requiere que la instalación reporte tales casos a la policía, un acuerdo de 2014 entre CoreCivic y el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego nombra al alcaide, que no es un oficial de la ley jurado, como la persona que “determinará si hay evidencia creíble para apoyar la denuncia”.
CoreCivic dice que cada denuncia es reportada, y según la portavoz Amanda Gilchrist, el acuerdo “no es relevante” porque una ley federal de 2003, la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones, “anularía” cualquier acuerdo local. Agregó que CoreCivic contactaría con el Departamento del Sheriff para eliminar ese acuerdo.
El portavoz del Departamento del Sheriff, el teniente Ricardo López, dijo al Times que antes de este año, algunos agentes no respondían a las llamadas que alegaban crímenes en Otay Mesa. En su lugar, esperaban a que las instalaciones completaran una investigación interna, la cual era compartida con los detectives. Aseguró que eso cambió después de que The Times comenzó a hacer preguntas para esta historia.
“Creo que al ver algo de eso, y varias de las cosas que usted mencionó, pienso que es mejor que salgamos a evaluar por nosotros mismos y obtengamos cierta ayuda por parte de ellos en algunas de las cosas que necesitamos para llevar a cabo la investigación”, dijo López.
El Times también encontró casos en los que la policía fue disuadida por el personal del centro de detención de perseguir los incidentes criminales.
En abril de 2017, un detenido en Mesa Verde estaba en un baño cuando otro detenido le agarró las nalgas e intentó “penetrarlo con su pene”, según un informe policial. La víctima corrió a su cama y se quedó allí hasta la mañana, cuando se llamó a la policía de Bakersfield.
Un oficial entrevistó a la víctima y al sospechoso, pero el jefe de seguridad del centro le dijo que “no era necesaria ninguna otra acción policial”, según el informe. El caso se cerró.
De manera similar, en diciembre de 2016, un detenido le dijo al personal que había sido toqueteado por otro detenido. Dos oficiales entrevistaron a la víctima y al sospechoso y vieron un video de vigilancia que mostraba los genitales del detenido siendo tocado mientras hablaba por teléfono, según un informe policial.
Un empleado dijo a los oficiales que “no era necesario tomar más medidas de aplicación de la ley”, según el informe, en el que también se indicaba que los empleados del Grupo GEO habían disciplinado al hombre que había denunciado la agresión.
El sargento de la policía de Bakersfield Nathan McCauley dijo: “Las declaraciones de un tercero sobre la documentación o el seguimiento no se tienen en cuenta a la hora de asignar el caso a los detectives o cerrar el caso”.
Un mes después del incidente de 2016, el detective de la Policía de Bakersfield, Jeffrey Paglia, revisó el caso y señaló en el informe policial que los agentes habían recibido instrucciones indebidas del empleado del Grupo GEO “de que este caso solo requería documentación y sería investigado internamente”.
Paglia reevaluó las pruebas, incluyendo las declaraciones del detenido que denunció la agresión. “Creo que está siendo sincero y que fue disciplinado injustamente”, escribió.
En respuesta a las preguntas sobre estos incidentes, Páez, el portavoz del Grupo GEO, dijo que los miembros del personal de las instalaciones están capacitados para reportar las denuncias de agresión sexual a la policía. “GEO toma las medidas apropiadas en caso de que un miembro del personal no cumpla con estas reglas y procedimientos obligatorios”, aseguró.
Paglia no respondió a las solicitudes de entrevista. Según el informe policial, llegó a la conclusión de que los cargos de agresión sexual estaban justificados y presentó el caso a los fiscales. Tres meses después, según el informe, le dijeron que la víctima había sido deportada.
El caso se cerró.
Una fracción de las llamadas a la policía examinadas por The Times alegaron asaltos al personal de las instalaciones, pero representan casi todos los casos procesados.
De las 265 llamadas del 1 de enero de 2017 al 6 de junio de 2020, analizadas por The Times, 63 casos fueron presentados a los fiscales y catorce fueron aceptados. En 12 de ellos, las víctimas eran funcionarios o agentes de ICE - incluyendo el caso pendiente que involucra tanto a un funcionario como a un detenido.
“Me gustaría al menos permitir que esas víctimas tengan su día en el tribunal”, dijo el fiscal de distrito del condado de Imperial, Kevin Cayton, que presentó los cargos en el caso pendiente. Los detenidos, señaló, “no están siendo retenidos porque son necesariamente criminales, sino en base a cuestiones de inmigración, y no deben ser objeto de violencia mientras están detenidos”.
Michael Bires, portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de San Bernardino, dijo que los fiscales no dan “un trato preferencial a los que están en Estados Unidos legalmente, frente a los que no lo están”.
“El hecho de que alguien llame a la policía no significa que un crimen haya ocurrido de hecho”, añadió.
Los fiscales dicen que, en algunos casos, la deportación ha dificultado la obtención de pruebas suficientes para seguir adelante con el caso.
Más allá de eso, “a veces, los individuos que son detenidos son reticentes a cooperar con una investigación o un enjuiciamiento”, dijo Steve Walker, un portavoz del fiscal de distrito del Condado de San Diego. “Además, algunas presuntas víctimas pueden tener antecedentes penales y su credibilidad ante un jurado es un factor que también debe considerarse”.
El Times encontró dos casos en los que los sospechosos fueron deportados antes de que pudieran ser juzgados por agresiones a otros detenidos.
Uno de esos casos se refería a Geovany Murillo, que ahora tiene 27 años y fue detenido en el Centro de Detención de Adelanto en 2017 después de huir de la violencia de las pandillas en Honduras. Murillo pidió que se le identificara por sus apellidos.
Reveló que era constantemente acosado por su compañero de celda de 53 años, que lo veía ducharse, se masturbaba delante de él y le daba nalgadas. El hombre también agarró los genitales de un tercer compañero de celda, según un informe policial.
En febrero de 2018, los fiscales presentaron dos cargos de agresión sexual menor contra el hombre, Rodolfo Audelo. Pero antes de que el caso fuera a juicio, Audelo y ambas víctimas fueron deportadas.
ICE se negó a hacer comentarios sobre casos específicos. Pero hablando en términos generales, Britney Walker, la portavoz de la agencia, dijo que los funcionarios “tienen una discreción significativa” para determinar si entregan a un sospechoso para su enjuiciamiento.
Gabriel “Jack” Chin, profesor de UC Davis y experto en leyes penales y de inmigración, expuso que las autoridades locales pueden legalmente tomar la custodia de los sospechosos y evitar la deportación de los testigos bajo custodia federal.
“Funcionalmente, el sistema está diciendo, ‘Este no es nuestro problema’”, manifestó.
Murillo, ahora en Honduras, se enteró este año de la deportación de Audelo por un periodista.
Se preguntó en voz alta: “¿Por qué será que no habrá castigo para una persona así?”
Esta historia fue reportada con la ayuda de la beca de USC Annenberg Center for Health Journalism’s Data Fellowship.
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