No ha llegado a Washington, pero la embajadora designada causa polémica entre salvadoreños con TPS
Los Ángeles — La estancia de los salvadoreños en el Estatus de Protección Temporal (TPS) pende de un hilo; sin embargo, Milena Mayorga, embajadora designada ante Estados Unidos, mostró sus cartas de intenciones sobre el futuro de ese programa, causando polémica e indignación entre los beneficiarios.
A raíz de la medida adoptada por el presidente Donald Trump, al tratar de cancelar el TPS, cerca de 200 mil cuzcatlecos viven en la zozobra ante una posible deportación, para quienes la postura de Mayorga en un mensaje divulgado en Twitter cayó como un balde de agua fría y piden que se aclare esa posición.
“El corazón de la nueva agenda con Washington es explicar a nuestros compatriotas que nuestro presidente está generando las condiciones para su retorno”, escribió la diputada a quien el presidente Nayib Bukele le confió el 24 de septiembre que lo represente ante el gobierno de Donald Trump.
La actual parlamentaria ha estado activa en los medios de comunicación de El Salvador y en sus redes sociales, pero sobre este mensaje no ha dado mayores explicaciones.
Entre los usuarios de Twitter, el mensaje se regó como pólvora y han condenado esa postura, porque valida el regreso de una población que dejó ese país hace más de dos décadas, y ahora con familia e hijos han convertido el suelo estadounidense en su hogar, en donde quieren seguir viviendo.
“Se ve que los compatriotas en Estados Unidos de América están solos, con esta nueva embajadora”, escribió César Crisóstomo.
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En cambio, Richard Orellana expresó su sorpresa, pues él esperaba que el nombramiento de Mayorga sirviera para que abogara por los amparados en ese programa.
“No entiendo por qué dice que el presidente @nayibbukele está generando condiciones para nuestro retorno, o sea que en vez de buscar una solución para nuestro TPS tenemos que retornar a El Salvador”, cuestionó Orellana.
Hace 20 años, Julio Flores dejó el Puerto de Acajutla, en el occidental departamento de Sonsonate. Con apenas 21 años de edad, llegó a Los Ángeles. En el 2001, al ampararse a este alivio migratorio obtuvo un número de seguro social, un permiso de trabajo y también pudo tramitar una licencia de conducir.
Ahora, a sus 41 años de edad, Flores está casado con una inmigrante hondureña y es padre de cuatro hijos de 14, 9, 7 y 1 año de edad.
“Tengo la mitad de mi vida aquí, ya estoy hecho aquí”, aseguró en entrevista con Los Angeles Times en Español.
Al enterarse de lo publicado por Mayorga, Flores se queda petrificado.
“Eso es un golpe para uno, porque como gobierno ellos tienen que luchar por nosotros que estamos aquí, no darle la facilidad a este gobierno (de Trump) de decir: ‘Estamos listos para recibirlos, puedes mandarlos cuando quieras’”, reaccionó este inmigrante que se gana la vida en labores de remodelación.
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El programa TPS se le otorgó a El Salvador después de dos devastadores terremotos, en enero y febrero de 2001. Desde que llegó al poder el presidente Trump ha intentado eliminar este alivio migratorio, pero gracias a demandas presentadas ante la justicia todavía no ha podido anularlo.
En junio de 2017, beneficiarios de este programa oriundos de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, acordaron en Washington DC crear la Alianza Nacional TPS, en donde participan organizaciones como el Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Esa coalición, el martes puso el grito en el cielo. En una carta abierta, dirigida a Mayorga, le dijeron que a pesar de que la comunidad salvadoreña beneficiaria de este programa “vive momentos de angustia e incertidumbre, hemos decidido organizarnos y luchar”.
En la misiva, le reiteran que la exigencia al gobierno salvadoreño es que les que acompañe “sin titubear” en el esfuerzo de quedarse en Estados Unidos, una aspiración que comparte el presidente Bukele, aseguran, porque así se los expresó cuando se reunieron con él en Washington DC, en octubre de 2019.
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“Sin embargo, nos preocupan las declaraciones hechas en su cuenta de Twitter”, señalaron incluyendo el mensaje de Mayorga en donde habla de “las condiciones para su retorno”.
“Estas afirmaciones han generado consternación y confusión en la comunidad TPS y solicitamos, de la manera más respetuosa, una aclaración porque no queremos que las metas nuestras estén en tensión con las metas del gobierno”, sostiene la misiva.
“Nuestro sueño más grande es quedarnos en Estados Unidos porque es lo mejor para nuestras familias, para nuestro país de origen y para nuestro país adoptivo”, añadieron en la carta que firman cinco de los principales líderes de la coalición.
Esta polémica ocurre mientras la Alianza Nacional TPS realiza una movilización en autobús por todo el territorio estadunidense. Esta caravana busca sensibilizar a los votantes sobre la lucha de los “tepesianos” y la necesidad de que se apruebe una ley que les otorgue la residencia permanente.
A juicio de Ángela Sanbrano, presidenta de Carecen Los Ángeles, la postura de Mayorga le sirve a este movimiento para llenarse de ánimo y pelear más fuerte “por su demanda de la residencia permanente”, como lo vienen haciendo desde que Trump quiere ensañarse con los beneficiarios de este programa.
“Es obvio que la embajadora y el gobierno de Bukele están totalmente desconectados de la realidad que viven los tepesianos en Estados Unidos”, cuestionó la activista, en referencia al interés de esta población de permanecer en el país adoptivo “y no es que no quieran a El Salvador”.
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La idea de que se están “generando las condiciones” para el retorno, es a criterio de Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, algo que se escucha “como jalados de los pelos”.
“El Salvador no tiene las condiciones ni en el corto ni mediano plazo de recibir a un universo de 500 mil almas”, plantea el activista pro-inmigrante.
“Hubiera sido distinta la historia si como prioridad número uno ella viniera a fortalecer los lazos bilaterales con las instancias de gobierno, que tienen que ver en la posibilidad de buscar opciones que garantizaran la estadía de manera legal y regularizada migratoriamente hablando de los afectados”, apuntó Sanabria.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló hace dos semanas a favor de Trump, dándole luz verde para que cancele el TPS, si eso sucediera podrían ser deportados unas 300 mil personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, sin contar los hijos menores de edad que se verían obligados a salir con ellos.
No obstante, los miembros de la Alianza Nacional TPS van a apelar la decisión y si llegaran a perder están determinados a irse hasta la Corte Suprema de Justicia.
El corazón de la nueva agenda con Washington es explicar a nuestros compatriotas que nuestro presidente está generando las condiciones para su retorno
— Milena Mayorga, embajadora designada de El Salvador ante EE.UU.
En esa línea, Miguel Tinker Salas, profesor de Estudios Latinoamericanos del Pomona College, critica que el gobierno de Bukele no se exprese en sintonía con la necesidad de sus connacionales, sino que se está subordinando a la política excluyente que ha predominado en la administración Trump.
“Estos comentarios (de Mayorga) le dan la espalda a la comunidad inmigrante que sigue luchando en Estados Unidos por regularizar su situación y que está ahorita en los tribunales, tratando de lograr la protección que merecen miles de salvadoreños que están en el programa TPS”, dijo el académico.
De igual forma, el investigador considera que es “una política absurda” hablar de retorno, cuando estas personas que pueder ser afectadas con la anulación de este alivio migratorio son las que “están manteniendo la economía salvadoreña” con el envío de remesas.
“Es lamentable que un gobierno soberano desarrolle políticas con vistas a complacer a un gobierno que ha demostrado ser excluyente, racista y que ha causado la deportación de cientos de miles de personas”, apuntaló Tinker Salas.
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Entetanto, Julio Flores, el padre de familia que tiene cuatro hijos nacidos en Los Ángeles, al conocer lo expresado por Mayorga se pone a pensar en el futuro de sus retoños. El mayor de ellos, de 14 años, entiende el tema de las deportaciones y hace preguntas de lo que pasaría con él y sus hermanos.
“Me da miedo decirle si un día a nosotros nos llegan a deportar, como no tenemos más familia que se pueda hacer responsable de ellos, los van a llevar a un hogar de crianza”, aseguró.
“Sinceramente, no me atrevo, porque quizás lo puedo hasta traumar”, concluyó Flores.
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