Llegó pidiendo asilo y se encontró con coronavirus, sin familia y detenido en Otay
Los Angeles — “Es cuestión de tiempo de que me infecte con coronavirus”, dijo Sergio a esta reportera hace apenas una semana.
Días después, el joven de tan sólo 33 años afirma que estaba en lo correcto mientras tiene fiebre y se cubre bajo una cobija delgada que le molesta.
Una semana antes del diagnóstico, el padre de familia se encontraba en cuarentana en un cuarto donde había más de 100 personas como él; todos ellos esperando una respuesta a la reacción de su cuerpo ante la enfermedad. Todos también inmigrantes recluidos en Otay Mesa Detention Center, en San Diego.
Sergio, un nicaragüense que llegó a Estados Unidos buscando asilo, nos dijo que poco a poco los detenidos habían visto a otros detenidos en ese centro con síntomas, y cómo los agentes de inmigración los retiraban del cuarto donde estaban.
Esta vez le tocó el turno a Sergio.
Vivir lejos de la familia, detenido como indocumentado, enfermo de coronavirus y sin hospitalización es un infierno, dice Sergio con voz cansada y tos seca.
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“Me dieron el diagnóstico positivo este 17 de abril”, señaló Sergio, quien lleva casi cinco meses en detención.
“El lunes (13 de abril) a las seis de la mañana empecé a presentar síntomas de fiebre, dolor de cuerpo y tos”, sostiene. “A pesar de decirle a los guardias que me sentía mal, no fue hasta las 10 de la noche que llegaron por mí”, agrega.
Según las estadísticas publicadas recientemente por ICE, la instalación de Otay Mesa tiene la mayoría de los casos de COVID-19 entre todas las ubicaciones de ICE en la nación.
Hasta hace unos días, 41 casos habían sido confirmados en Otay Mesa, de los 101 casos que se han registrado en los centros de detención de todo el país.
Sergio habló con su madre para explicarle su situación, con lo cual ella rompió en lágrimas.
“Me partió el corazón oírla, ella está muy preocupada. Y por el lado de mi esposa, no he hablado con ella, es muy sentimental y no la quiero hacer sufrir”, señala el padre de dos menores de edad.
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“Vienen los guardas a darnos medicamente para bajar la fiebre, pero las condiciones en las que vivimos no ayudan. Los colchones son muy duros, la cobija pica y el cuarto es muy frio”, señala.
Hasta el momento, Sergio no ha recibido guantes para salir al baño, y la mascarilla que tiene es una que le dieron el 12 de abril.
“Quisiera salir de aquí, ver a mi familia. Vine a este país para la oportunidad de una mejor condición de vida… Nadie se merece esto, estar encerrado tanto tiempo y enfermo”, dice.
Sergio tenía una audiencia con un juez de inmigración a finales de marzo, pero esta no ocurrió debido a la pandemia del coronavirus.
Pero Sergio no es el único viviendo este calvario, los inmigrantes detenidos en ese lugar, dicen activistas, están sufriendo de ansiedad a medida que pasan los días y continúan en un espacio confinados, sin guantes y tosiendo, pero esta es la pesadilla de miles de detenidos en todo el país.
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Las protestas se han intensificado, así como las quejas contra los centros de ICE han aumentado ante la pandemia.
Este pasado 20 de abril, un juez federal ordenó que ICE revise rápidamente las determinaciones de custodia, incluida la consideración de la liberación de todas las personas detenidas de edad mayor y condiciones de salud, que los hagan más vulnerables al COVID19.
La orden llega semanas después de que el Civil Rights Education and Enforcement Center (CREEC), Disability Rights Advocates (DRA), Southern Poverty Law Center (SPLC), Orrick LLP y Willkie Farr and Gallagher LLP presentaron una orden judicial de emergencia el 25 de marzo.
El juez de distrito de Estados Unidos, Jesús Bernal, dijo que “la evidencia sugiere una inacción en todo el sistema que va más allá de una mera diferencia de opinión médica o negligencia”.
Las autoridades declararon el viernes que ICE había liberado a menos de 700 personas médicamente vulnerables. El fallo actual abre la puerta a ese alivio para miles de individuos con riesgo, pero no para todos los detenidos, alegan los activistas.
“Los centros de detención son focos de infección, y con el número de personas que han dado positivo en este centro es una sentencia de enfermedad o de muerte”, señala Margaret Cargioli, directora abogada de Cross Border Initiative Defenders Law Center.
Recientemente, la Oficina de la Senadora Kamala Harris envió una carta a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional para solicitar una investigación sobre el tratamiento de los detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa.
Según el comunicado de prensa de la oficina de Harris, el llamado a la investigación es debido a ciertos e “inquietantes informes de personal del contratista que indican que ha habido amenazas de uso de la fuerza contra personas detenidas y requieren que los detenidos deben firmar una exención antes de recibir el equipo de protección”.
CoreCivic es el contratista de ICE que dirige la instalación. El miércoles, un portavoz dijo que no se requerirá una exención firmada para recibir una mascarilla.
ICE responde que se encuentra siguiendo todos los protocolos para mantener a los detenidos saludables.
“Los detenidos han sido puestos en cuarentena y están recibiendo atención. De acuerdo con las pautas de los CDC, aquellos que han estado en contacto con estas personas han sido agrupados y están siendo monitoreados”, respondieron.
Para Sergio, la pesadilla sigue: “No sé si mi salud va a empeorar. No estoy hospitalizado para recibir los cuidados necesarios. No sé si saldré con vida”, concluye.
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