Furia contra la creación de oficina de “desnaturalización”

Los Angeles —  Grupos proinmigrantes están enfurecidos por la creación de una oficina que le arrebata la ciudadanía a las personas que crea conveniente después de una serie de criterios.

El Departamento de Justicia crea la sección que investigará y litigará la desnaturalización “de terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y fraude”, de acuerdo con la agencia.

La Sección de Desnaturalización se unirá a las secciones existentes dentro de la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil: la Sección del Tribunal de Distrito y la Sección de Apelaciones. Esta medida subraya el compromiso del Departamento de llevar justicia a los terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores que obtuvieron ilegalmente la naturalización.

Si bien la Oficina de Litigios de Inmigración ya ha logrado un gran éxito en los casos de desnaturalización que ha traído, ganando el 95 por ciento del tiempo, el creciente número de referencias anticipadas de las agencias policiales motivó la creación de una sección independiente dedicada a este trabajo.

Aunque la comunidad proinmigrante se encuentra preocupada de tal medida, ya que puede haber casos donde los naturalizados involucrados no tengan crímenes mayores.

Diego Iniguez-Lopez, Gerente de Políticas y Campañas de La Asociación Nacional para Nuevos Americanos (NPNA) señala que el establecimiento de esta oficina va en contra de la naturaleza del carácter acogedor de la nación y envía un mensaje de que este país no está interesado en hacer que los ciudadanos naturalizados se sientan como en casa.

“Quieren que se sientan como extraños amenazando con despojar su estatus de ciudadanía en cualquier momento, incluso décadas después de la naturalización”, indica.

“Quizás lo más preocupante, la creación de este departamento demuestra la influencia creciente y paralizante de los supremacistas blancos dentro de la administración y la codificación de políticas racistas para atacar a los inmigrantes negros y latinos”, agrega.

A su juicio, esto es coherente con la agenda de la administración para hacer que la ciudadanía sea menos alcanzable para los trabajadores pobres y las personas de color.

Christian Penichet-Paul, gerente de políticas y defensa del Foro Nacional de Inmigración, dijo que espera que los esfuerzos de de la administración se limiten a los casos más atroces.

“Debemos asegurarnos de que la desnaturalización no se aplique a los casos en que las personas hayan cometido un pequeño error involuntario durante el proceso de solicitud”, dijo.

No obstante, la oficina fiscal no cree lo mismo.

“Cuando un terrorista o delincuente sexual se convierte en ciudadano estadounidense bajo falsas pretensiones, es una afrenta a nuestro sistema, y es especialmente ofensivo para quienes son víctimas de estos delincuentes”, dijo el fiscal general adjunto Jody Hunt.

“La Sección de Desnaturalización promoverá los esfuerzos del Departamento para perseguir a aquellos que obtuvieron ilegalmente el estatus de ciudadanía y garantizará que sean responsables de su conducta fraudulenta”, agrega.

Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), en un comunicado, rechazó la formación del nuevo departamento como un ejemplo de otro intento de ataque a las familias y comunidades inmigrantes.

“Rechazamos cualquier grupo de trabajo de desnaturalización que destruya la ciudadanía tal como la conocemos y mantenga a cada inmigrante naturalizado viviendo con miedo”, dijo CHIRLA.

“Trump está armando al Departamento de Justicia para que los inmigrantes naturalizados se vean como ciudadanos de segunda clase”.

Los casos de desnaturalización requieren que el gobierno demuestre que la naturalización de un acusado fue “obtenida ilegalmente” o “obtenida por encubrimiento de un hecho material o por tergiversación intencional”.

Por ahora, el número de casos de desnaturalización es de 228 desde el 2008, pero alrededor del 40 por ciento de ellos se presentaron desde 2017.

David Bier, analista de políticas de inmigración en el Cato Insitute, dijo en Twitter que duda que la nueva unidad sea incluso legal.

“La desnaturalización es inconstitucional. La Constitución dice que cualquier persona que el gobierno naturalice es ciudadano estadounidense y tiene los mismos derechos que todos los demás ciudadanos”, dijo Bier.

Los casos de desnaturalización civil no tienen estatuto de limitaciones.