Entra la regla de “carga publica” en vigor: Beneficios que no se consideran, según USCIS
Los Angeles — Este 24 de febrero entra en vigor la regla de “carga pública”, que les niega la residencia a las personas que piden cierto tipo de ayuda gubernamental.
Aunque la regla se encuentra en debate en la corte, la misma agencia ha decidido que el gobierno puede aplicar el reglamente por ahora.
Tras el resultado, mucha gente se pregunta qué tipo de ayuda no se suma a la regla, por lo que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señalan en su página web que los beneficios no monetarios (que no sean la institucionalización para la atención a largo plazo) generalmente no se tienen en cuenta a los efectos de una determinación de carga pública.
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Asimismo, la asistencia en efectivo para fines especiales tampoco se suele tener en cuenta para la determinación de la carga pública. Los beneficios en efectivo no monetario o para fines especiales son generalmente de naturaleza complementaria y no hacen que una persona dependa principalmente del gobierno para su subsistencia, dice USCIS.
Los beneficios en efectivo no monetarios o de propósito especial que no se consideran para fines de carga pública incluyen:
· Medicaid y otros seguros de salud y servicios de salud (incluida la asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisibles; uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo y servicios médicos de emergencia) que no sean apoyo para atención institucional a largo plazo.
· Programa de seguro de salud para niños (CHIP)
Activista latina de comadre a madrina de sindicato para padres por la educación
· Programas de nutrición, incluidos cupones de alimentos, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y Desayuno Escolar y otros programas de asistencia alimentaria de emergencia y suplementaria.
· Servicios de cuidado infantil
· Asistencia energética, como el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP)
· Ayuda de emergencia ante desastres
· Cuidado de crianza y asistencia de adopción
· Asistencia educativa (como asistir a la escuela pública), incluidos los beneficios de la Ley Head Start y ayuda para la educación primaria, secundaria o superior.
· Programas de entrenamiento laboral
· Programas, servicios o asistencia en especie, basados en la comunidad (como comedores populares, asesoramiento e intervención en caso de crisis y refugio a corto plazo).
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Los programas estatales y locales que son similares a los programas federales mencionados anteriormente generalmente tampoco se consideran para fines de carga pública.
Tenga en cuenta, sostiene la agencia, que los estados pueden adoptar diferentes nombres para los mismos o similares programas financiados con fondos públicos. Es la naturaleza subyacente del programa, no el nombre adoptado en un estado en particular, lo que determina si debe considerarse o no con fines de carga pública.
En California, por ejemplo, Medicaid se llama “Medi-Cal” y CHIP se llama “Familias Saludables”. Estos beneficios no se consideran para fines de carga pública.
Además, y de acuerdo con la práctica existente, los pagos en efectivo que se han ganado, como los beneficios del Seguro Social del Título II, las pensiones del gobierno y los beneficios para veteranos, entre otras formas de beneficios ganados, no respaldan una determinación de carga pública. La compensación por desempleo tampoco se considera para fines de carga pública.
La disputa
Líderes pro inmigrantes, la comunidad de expertos de salud y varios políticos expresan el desacuerdo sobre la resolución de la corte a pesar de que estos argumentos contra y a favor de la propuesta aún se escuchan en el tribunal.
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No obstante, la declaración emitida por la Oficina del Secretario de Prensa sostiene que la regla “protegerá a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente, salvaguardará los programas de bienestar para los estadounidenses realmente necesitados, reducirá el déficit federal y restablecerá el principio legal fundamental de que los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la generosidad (e ) de los contribuyentes de los Estados Unidos “.
Cynthia Buiza, irectora ejecutiva del Centro de Policía de Inmigrantes de California, hizo un llamado a todos los californianos “de conciencia para que denuncien esta política dañina del DHS, que busca generar temor para reestructurar nuestro sistema de inmigración en favor de los privilegiados y ricos”.
“Nuestra mejor arma contra las tácticas de intimidación e intimidación de esta Administración es capacitar a las comunidades de inmigrantes con hechos y recursos. Alentamos a las familias a buscar asesoría con los contratistas de servicios de inmigración de One California que están disponibles en todo el estado para tomar la mejor decisión para sus familias. Proteger el acceso a los programas de redes de seguridad es esencial para garantizar que todas las familias que viven en nuestro estado tengan la oportunidad de prosperar”, dijo.
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