Un hombre de L.A con cáncer fue multado mientras estaba en el hospital y terminó perdiendo su automóvil
Joseph Morrissey pensó que su estadía en el hospital por una cirugía de cáncer de riñón iba a ser breve. Sus médicos le habían anticipado que estaría allí un par de días hasta recuperarse del procedimiento, mínimamente invasivo, para extirpar un tumor y un tercio de su riñón derecho. Pero cuando salió de la intervención, Morrissey sufrió una convulsión y un derrame cerebral.
Se despertó tres días después, sin darse cuenta de lo que había sucedido. Alrededor de ese mismo tiempo, las autoridades le hicieron una multa de estacionamiento por su automóvil, que permaneció aparcado en la calle, frente a su casa en Highland Park, durante más de 72 horas.
Morrissey no se enteraría de ello hasta su vuelta al hogar, unos días más tarde, cuando regresó cojeando por su camino de entrada y usando un andador, después de que su casera le mencionara que creía que lo habían multado.
Ciudadana americana entabla demanda contra ICE por haberla detenido y no creer su estatus migratorio
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y un bufete de abogados han presentado una demanda en nombre de una mujer de San Bernardino que pasó un día bajo custodia de inmigración a pesar de haber repetido que era ciudadana estadounidense.
Su plan -debido a que no se le permitía conducir después de la cirugía y sentía inestabilidad al estar de pie- era llamar a un amigo para que trasladara su automóvil lo antes posible.
En lugar de eso, la ciudad de Los Ángeles remolcó su coche tres días después y finalmente vendió el Jeep Grand Cherokee modelo 1996 de Morrissey en una subasta de embargos.
La semana pasada, el hombre presentó una demanda por daños y perjuicios contra la ciudad, “por violar sus derechos de debido proceso después de la incautación y venta ilícitas de su vehículo”, según Public Counsel, la firma de abogados pro bono más grande del país.
Un popular exmaestro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), quien fue investigado y despedido a raíz de acusaciones de conducta inapropiada, podrá avanzar con su demanda de difamación contra el distrito escolar, dictaminó el miércoles pasado un juez del Tribunal Supremo de Los Ángeles.
“La ciudad remolca autos estacionados de manera segura después de 72 horas, pero luego se niega a considerar las pruebas presentadas para impugnar las citaciones y la confiscación”, comentó Nisha Kashyap, abogada del personal de Public Counsel. “Eso no sólo impacta desproporcionadamente a los residentes de bajos ingresos, sino que también es una forma de discriminación contra la discapacidad. Estas prácticas discriminan a personas como el señor Morrissey, cuyas condiciones médicas restringen sus posibilidades de mover un automóvil, y son contraproducentes para los angelinos que ya pugnan por sobrevivir”.
La ciudad tiene 45 días, desde el momento en que Morrissey presentó su reclamo de responsabilidad civil del gobierno, para responder. “Revisaremos el reclamo; no tenemos más comentarios en este momento”, aseveró Rob Wilcox, portavoz de la oficina del abogado de la ciudad.
Después de remolcar su automóvil, Morrissey inmediatamente contestó la citación y el remolque y pagó la multa de $68. Al hablar con las autoridades sobre los próximos pasos, también presentó evidencia de su hospitalización y condición médica, dijo.
Vicente Benavides pasó casi 25 años en el corredor de la muerte, ante la Corte Suprema de California, citando pruebas falsas, se anuló su condena por sodomía y el asesinato de la hija de su novia.
La ciudad confirmó que recibió sus documentos y cobró su cheque, según su abogado. Pero luego, por razones que aún no están claras, Morrissey nunca fue notificado sobre una audiencia o alguna forma de avance de su caso, comentó. En lugar de eso, vendieron su Jeep.
Pelear una multa de estacionamiento en Los Ángeles puede llevar mucho tiempo y ser confuso. Y para los residentes que viven al día, cuando un automóvil es remolcado puede significar la pérdida del vehículo. Como resultado de todos los cargos adicionales y administrativos, el precio promedio a pagar después de un acarreo es de más de $1.100, según un informe reciente de Public Counsel y varios otros grupos legales.
Y si el coche fue incautado debido a multas de estacionamiento impagas o al vencimiento de su registro, el propietario debe pagar las multas o el costo de registro antes de recuperarlo, lo cual puede aumentar sustancialmente el monto total, según el informe.
Morrissey se mudó a Los Ángeles en 1979, y trabajó durante varios años como diseñador de iluminación de teatros. Sin su automóvil, debió rechazar varias ofertas de empleo en producciones locales en todo el sur de California, comentó.
El verano pasado, cuidó de sus nietos mientras su hija, quien vive en Santa Clarita, trabajaba. Sin su vehículo ahora no puede ofrecer esa ayuda, y se ha perdido mucho tiempo en familia.
El hombre reconoció que resulta imposible para él pagar las tasas de confiscación y depósito, por alrededor de $2.000, y está frustrado porque, pese a seguir los protocolos vigentes, se quedó sin auto. “Quiero que arreglen esto, y que reemplacen mi vehículo”, dijo Morrissey. “Me sentí perjudicado y pido justicia. Quiero algún tipo de reconocimiento de que cometieron un error, que solucionen esto. Han alterado mi vida normal y, por simple que sea, quiero recuperarla”.
Esta semana, Morrissey se reunirá con su cirujano para averiguar si está cerca de entrar en remisión, una cita para la cual necesitará un medio de transporte.
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