La industria de diálisis invirtió $2.5 millones para evitar ser supervisada en California
El año pasado, las empresas de diálisis invirtieron $111 millones en una campaña para derrotar una iniciativa electoral, la Propuesta 8
SACRAMENTO — La industria de diálisis gastó alrededor de $2.5 millones en California en cabildeo y contribuciones de campaña en el primer semestre de este año, en el marco de su batalla para impedir la regulación, según un análisis que California Healthline hizo de informes financieros de campaña presentados ante el estado.
El año pasado, las empresas de diálisis invirtieron $111 millones en una campaña para derrotar una iniciativa electoral, la Propuesta 8, que habría limitado sus ganancias.
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El gasto político de este año, que incluye un bombardeo publicitario en línea y televisión, tiene como objetivo eliminar un proyecto de ley actualmente en la Legislatura estatal que interrumpiría el modelo comercial de la industria y probablemente reduciría sus ganancias. La industria de diálisis sostiene que el proyecto amenazaría el acceso de algunos pacientes de bajos ingresos al tratamiento vital.
“Nadie gasta $2.5 millones por la bondad de sus corazones”, señaló David Vance, portavoz de Common Cause, un grupo sin fines de lucro que aboga por la reforma financiera de la campaña. “Esa cantidad de dinero se gasta para llamar la atención de los legisladores, y obtener resultados”.
Y el gasto no parece estar disminuyendo. Desde la última fecha límite de informes de financiamiento de campañas, que mostró un total de $2.5 millones gastados hasta junio, un comité de campaña respaldado por la industria gastó al menos $470.000 más.
La diálisis filtra la sangre de aquellos cuyos riñones ya no pueden cumplir esa misión. Las personas en diálisis, que generalmente necesitan tres tratamientos por semana, suelen calificar para Medicare, el programa federal de seguro de salud para mayores de 65 años, y aquellos con insuficiencia renal y ciertas discapacidades.
La FDA aprobó un nuevo medicamento para la tuberculosis que mejora el tratamiento de los casos más difíciles de tratar. La tuberculosis farmacorresistente es un problema creciente en muchos países pobres.
Pero las compañías de diálisis pueden obtener reembolsos más altos de las aseguradoras privadas que de Medicare. Una forma en que los pacientes permanecen en un seguro privado es obteniendo asistencia financiera del American Kidney Fund, que ayuda a casi 75.000 personas de bajos ingresos, incluidas unas 3.700 en California.
El American Kidney Fund recibe la mayoría de sus donaciones de DaVita Inc. y Fresenius Medical Care, las dos mayores empresas de diálisis. El fondo no revela quiénes son sus donantes, pero una auditoría de sus finanzas mostró que el 82% de su financiamiento anual en 2018, casi $250 millones, provino de dos compañías.
Los críticos de este sistema, incluidos algunos legisladores de California, compañías de seguros y un poderoso sindicato de enfermeros, afirman que es una forma para que la industria de diálisis infle ganancias al alejar a los pacientes de Medicare y otras coberturas de seguro público a un seguro privado, que paga tasas más altas.
La medida bajo consideración en la Legislatura, el Proyecto de Ley 290 de la Asamblea, presentado por el asambleísta Jim Wood (D-Healdsburg), limitaría la tasa de reembolso del seguro privado que las compañías de diálisis reciben para los pacientes que poseen asistencia de grupos como el American Kidney Fund. El proyecto de ley también abordaría una dinámica similar en los programas para el tratamiento de las adicciones. “Apenas se intenta cerrar una de esas lagunas, los involucrados gastan millones para luchar contra ello”, remarcó Wood.
La Asamblea estatal aprobó el proyecto de ley en mayo, y el Senado estatal lo está considerando actualmente. La Legislatura aprobó una medida similar, el año pasado, que el ex gobernador Jerry Brown vetó alegando que el lenguaje era demasiado amplio y que la medida habría permitido a los proveedores rechazar la atención de algunos pacientes.
DaVita y Fresenius se negaron a comentar y dirigieron las preguntas a Kathy Fairbanks, portavoz de la coalición Dialysis Is Life Support, que incluye a proveedores de diálisis, grupos industriales, pacientes y cuidadores. La vocera señaló que esa industria no es la única parte interesada en influir en el proceso político.
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Los grupos que apoyan la medida, incluidas las grandes compañías de seguros y los sindicatos, también están gastando mucho, expuso. Por ejemplo, un comité formado y financiado por el gremio Service Employees International Union–United Healthcare Workers West para apoyar la iniciativa del año pasado y desafiar a la industria de diálisis y sus ganancias, gastó $580.000 en el primer semestre de este año.
Los $2.5 millones invertidos por la industria de diálisis entre enero y junio se dividen en dos categorías: presionar a la Legislatura y efectuar contribuciones de campaña para apoyar a los candidatos e influir en la opinión pública. El gasto de campaña representó alrededor de $1.3 millones del total.
DaVita afrontó la mayor parte del dinero: $580.000. Fresenius invirtió $270.000.
Estas contribuciones fueron destinadas a 48 de los 80 miembros de la Asamblea estatal, y a 21 de los 40 senadores, principalmente a sus posibles campañas para 2020 o 2022.
De los 69 legisladores que recibieron dinero de DaVita y Fresenius, el asambleísta James Ramos (D-Highland) obtuvo la mayor cantidad: $16.800, en la primera mitad del año. De eso, $12.100 provinieron de Fresenius, principalmente en cuotas de $2.000 a $3.000 por vez, hasta la votación de la Asamblea del proyecto de ley, el 22 de mayo. Ramos fue uno de los 15 asambleístas que votaron en contra.
Con un pago de $1.700 en junio, Fresenius alcanzó el límite de contribución para las campañas electorales primarias y generales de Ramos en 2020, según los informes de financiación de campañas de la compañía.
Ramos no respondió a las solicitudes de comentarios de este periódico.
Otros nueve asambleístas y dos senadores también recibieron más de $10.000 en contribuciones de DaVita y Fresenius.
El resto de los $1.3 millones en gastos de campaña fue distribuido por el comité de campaña formado y financiado por la industria para derrotar la Proposición 8, el año pasado. El comité de Pacientes y Cuidadores para Proteger a los Pacientes de Diálisis gastó $440.000 en la primera mitad de 2019, principalmente en una campaña publicitaria para influir en la opinión pública contra la medida de Wood.
La campaña en los medios comenzó promoviendo el mensaje “La diálisis es soporte vital”, a través de las redes sociales y de un sitio web, que enfatizó la importancia de la misma para las personas con insuficiencia renal. Pero el mensaje se modificó y ahora insta a la gente a contactar a sus legisladores para oponerse al proyecto de ley. El comité gastó $33.000 en publicidad con el diario Politico y $26.000 con Sacramento Bee, entre otros, de acuerdo con los informes financieros de la campaña.
La coalición y los pacientes que aparecen en los anuncios argumentan que la medida pondrá en riesgo la atención médica y posiblemente la supervivencia de los pacientes de California que reciben asistencia del American Kidney Fund, que advirtió que dejaría de trabajar en el estado si se aprueba el proyecto de ley.
Harriet Blair Rowan escribe para California Healthline, publicado por Kaiser Health News, una publicación editorial independiente de Kaiser Family Foundation.
Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.
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